DENUNCIADO REDONDO POR LA PIÑATA DE BONOS

En agosto pasado cobró vigor la derogatoria de la Ley Especial del Fondo Departamental, lo que impide al titular del Legislativo, Luis Redondo, repartir los fondos del Estado con los congresistas

La propia diputada del PSH, Maribel Espinoza, pide a la Fiscalía iniciar un proceso contra el parlamentario Luis Redondo por repartir sin un sustento legal miles de lempiras a diputados oficialistas como bonos o subvenciones. Además, demanda la recusación del fiscal interino Johel Zelaya y del adjunto, Mario Morazán, por ser partes interesadas.

El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue denunciado ayer criminalmente ante el Ministerio Público (MP) por entregar millonarios fondos públicos a diputados oficialistas sin existir un argumento legal que lo permita.

Desde el 4 de agosto pasado, el Congreso Nacional derogó el denominado Fondo Departamental, que era la herramienta usada por Redondo para entregar a discreción los fondos estatales.

Un días después la derogatoria de la Ley Especial del Fondo Departamental cobró vigor al ser publicada en el diario oficial La Gaceta.

No obstante, de acuerdo con las investigaciones preliminares y el testimonio de los mismos diputados del partido Libertad y Refundación, Redondo ha continuado repartiendo subsidios, subvenciones y bonos.

Es por ello que la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) por el departamento de Yoro, Maribel Espinoza, impulsó la denuncia contra Redondo ante la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

“Al aprobarse por parte del presidente del Congreso Nacional el pago a diputados de subvenciones, sin tener una disposición legal que las autorice, ha causado un perjuicio al patrimonio público administrado, por ser erogaciones que no tienen un respaldo legal alguno”, estableció la diputada Espinoza en la denuncia.

La denuncia criminal fue entablada por el delito de administración desleal del patrimonio público, que conlleva a un castigo de prisión de entre cuatro y seis años.

El documento establece que el Ministerio Público tiene la ineludible obligación de investigar si se ha autorizado por parte del presidente del Congreso el pago de subvenciones o ayudas a favor de diputados de ese poder del Estado, estableciéndose a cuánto de ellos se les ha otorgado esos subsidios o contribuciones económicas y ha cuánto ha ascendido el monto total de esas contribuciones”. En las últimas semanas, algunos diputados de Libertad y Refundación reconocieron que recibieron un bono de 300 mil lempiras a pesar de no existir un respaldo legal para entregarlo.

Solamente en octubre, el Congreso desembolsó —a pesar de que no hay sesiones— más de 13.3 millones por concepto de viáticos a los diputados y otros 3.2 millones por concepto de ayudas sociales.

Fuentes a lo interno del Congreso informaron que en vísperas de Navidad, los diputados oficialistas estarían recibiendo una suma de dinero que oscila entre los 100 mil y 300 mil lempiras, bajo el concepto del “bono navideño”.

Recusación

La diputada Espinoza también promovió una recusación contra los actuales fiscales interinos Johel Zelaya y Mario Morazán porque ambos tienen comprometido su neutralidad en el manejo de la denuncia. Los dos funcionarios fueron nombrados el 1 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso, que dirige Redondo y es integrada por otros ocho diputados. “Es claro que quienes fungen como fiscal general interino y fiscal adjunto interino tienen un grave conflicto de interés en la denuncia, por lo que al no dar garantías de imparcialidad u objetividad es procedente su recusación, a efecto que por escrito dejen plasmada su separación en el conocimiento de los presentes hechos”, manifiesta el documento