Ley Tributaria, una amenaza para el agro

Propone eliminar el decreto 1192016, que exonera del ISV la compra de maquinaria, equipos, accesorios, repuestos y sistemas de riego

Al derogarse el artículo 2 de la Ley del ISV se elevarán precios de maquinaria agrícola, equipo, repuestos y sistemas de riego

Al eliminarse los beneficios fiscales al agro se dispararán los costos de producción y esto obligará a subir de precio los alimentos

SAN PEDRO SULA. La Ley de Justicia Tributaria, con la cual el Gobierno pretende eliminar 10 regímenes de exoneraciones fiscales, arrastrará a medianos agricultores que compran maquinaria y sistemas de riego para producción de granos y, en consecuencia, en un mediano plazo incrementará el precio de los alimentos básicos consumidos por los hogares hondureños. El Servicio de Administración de Rentas (SAR), la principal entidad gubernamental que impulsa esta nueva ley, mantiene una campaña en redes sociales mediante la cual afirma que “con la Ley de Justicia Tributaria, uno de los rubros prioritarios para las inversiones promovidas por el Estado de Honduras es la agricultura, caficultura y ganadería para asegurar la soberanía alimentaria y desarrollo rural”; sin embargo, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) advierte sobre el nefasto impacto que causará en el sector.

La Ley de Justicia Tributaria eliminará el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, reformado mediante el decreto 1182016 para “promover el crecimiento de la actividad agropecuaria, a efectos que incida en los productos finales de venta en el mercado nacional y permitir un crecimiento de las exportaciones hacia otros países, a fin de incidir en nuestro producto interno bruto (PIB)”.

Ese artículo “exonera del pago del impuesto sobre ventas a la persona natural o jurídica en la importación o compra local de maquinaria, equipo y sus implementos, sus accesorios y repuestos, equipos y materiales de riego, sistema de riego para agricultura, material de limpieza industrial, empaque y envases, que intervienen directamente en el producto agroindustrial final comercializable, incluyendo los que se utilicen en la producción agroindustrial de especies mayores y menores, como ser bovinos, porcinos, acuícolas, avícolas y de peces, de acuerdo con la capacidad económica del obligado tributario”. Guillermo Ramón Cerritos, director ejecutivo de la Fenagh, dice que la nueva ley no incidirá directamente en los insumos, “las semillas, agroquímicos y fertilizantes seguirán exentos”, pero al derogar el artículo 2 de la Ley de ISV afectará los precios “de la maquinaria agrícola, equipos, repuestos, sistemas de riego, empaque”, lo cual disparará los costos de producción en la agricultura y obligaría a los productores a aumentar los precios de los alimentos.

La Ley de Justicia Tributaria, en el artículo 16 sobre “derogatoria de las exoneraciones”, numeral 8, dice claramente que dejará sin efecto el “artículo 2 del decreto número 119-2016 de fecha 24 de agosto de 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,121 de fecha 25 de agosto de 2016 y su fe de errata que contiene beneficios fiscales para el sector agroindustrial”. Esa organización le envió un documento a diputados del Congreso Nacional, en el cual plantea que con esa derogación “el Gobierno pone un obstáculo más a los tantos muchos que ya tiene que sobrepasar el sector agrícola productor de alimentos y que más empleos y beneficios genera para la población”. “Esto sin duda alguna se verá reflejado en los índices inflacionarios de los productos alimenticios, con su aporte significativo en el índice de inflación general”, según esa organización.

Los medianos productores de granos, quienes proveen al mercado nacional el maíz y los frijoles cosechados gracias a siste

mas de riego, se sienten amenazados por esta nueva ley, que no considera factores técnicos ni los fenómenos naturales, como la sequía, derivados del cambio climático.

Juan Valladares, presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno), llama al Gobierno a tomar medidas coherentes con la situación del país y ejecutar políticas que garanticen la seguridad alimentaria de más de 10 millones de personas que viven dentro del territorio nacional.

“Esa ley nos afectará negativa y significativamente. Nosotros estamos pidiendo que incentiven la producción agrícola con sistemas de riego y ahora resulta que nos pondrán un impuesto. Eso va en contraposición de los objetivos que debe tener el país para garantizar la seguridad alimentaria”, dijo Valladares en entrevista con Diario LA PRENSA. Valladares espera que el Congreso Nacional no apruebe de manera completa esta ley y cree que “esta desfachatez es parte de un borrador” que debe ser reconsiderado.

“Está bien que impongan orden y quiten incentivos a la agroindustria porque los han tenido desde hace muchos años, pero a la producción primaria de alimentos no creo que lo toquen, porque atentarían contra la seguridad alimentaria, que es precaria. Cada año se reduce el área de producción porque no hay incentivos, los costos de producción son demasiado elevados y aumentarían más con nuevos impuestos”, dijo. Valladares explicó que los fenómenos recurrentes El Niño y La Niña “afectan la producción y la productividad” y este país necesita equipo agrícola, como el sistema de riego, para producir “cuando llegan los ciclos de sequía”, que provocan una reducción en la producción de los granos que forman parte de la dieta básica de los hogares hondureños. De aprobarse esta ley, medianos y grandes productores agrícolas anuncian que abandonarían el campo y se dedicarían a actividades que exigen menos sacrificio, riesgo, menores costos y una tasa de retorno aceptable en las condiciones económicas actuales del país. “Yo produzco arroz, no en grandes cantidades, pero tampoco en cantidades pequeñas. Mi promedio anual en cultivo son 300 manzanas, y 300 manzanas requieren una inversión anual promedio de L9 millones, no cualquiera invierte L9 millones en cuatro meses. Estamos hablando de L2.3 millones mensuales. No cualquiera se va a arriesgar. Si yo veo que esa nueva ley me va a afectar, le diré adiós al campo y que vengan otros valientes a producir la comida”, dijo Fredy Torres, presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras. Torres, por ejemplo, debido a que la sequía será intensa este año, ha tomando medidas para asegurar la producción, ha adquirido semilla de una variedad que le permitirá obtener cosechas en 3.5 meses y no en cuatro, como normalmente lo ha estado haciendo.

“Esta es una variedad más precoz, de 105 días para tener la cosecha. Ya la tengo sembrada y está germinando. Es resistente a la sequía y a las plagas, muy valiente en el campo, entonces, paso de invertir L9 millones no en 4 meses, sino en 3.5 meses”, dijo. Torres está de acuerdo con que el Gobierno realice una revisión de los sistemas de exoneración “por los abusos” en los cuales han incurrido algunas empresas, “sea quien sea”, sin afectar a la mayoría.

“Si hacen eso, a nosotros nos afectará porque usamos maquinaria. Eso elevará nuestros costos y disminuirá las utilidades o nos aumentará las pérdidas en los momentos que las tenemos. Al elevar los costos de producción dejaremos de cultivar, habrá desempleo, migración del campo a la ciudad y mayormente hacia Estados Unidos. Al aumentar los costos, el consumidor sufrirá las consecuencias porque habrá más inflación, el pueblo perderá más poder adquisitivo”, dijo. Los productores de lógica comercial de maíz, frijoles, arroz y otros granos utilizan maquinaria para preparar o mecanizar la tierra y cosechar de manera automatizada.

“ESTA LEY AUMENTARÁ LOS PRECIOS

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPO Y EMPAQUES”.

GUILLERMO CERRITOS

Director de la Fenagh

“LA AGRICULTURA NECESITA INCEN

TIVOS, NO IMPUESTOS, YA QUE VIVIMOS EN UN PAÍS AFECTADO POR SEQUÍAS”.

JUAN VALLADARES

Presidente Prograno

“SI CASTIGAN CON IMPUESTOS A LA AGRICULTURA, TENDRÉ QUE DECIR ADIÓS

A LA PRODUCCIÓN DE ARROZ”.

FREDY TORRES

Presidente arroceros