El mundo de las ONG y el drenaje de fondos públicos

Diario EL HERALDO, en sus últimas entregas, ha hecho una reveladora información sobre cómo el gobierno de Juan Orlando Hernández drenó fondos públicos a una serie de organizaciones que van desde iglesias y gremios hasta sindicatos y ONG. Lo que establece el rotativo aludido adquiere un nivel de alarma si consideramos que el volumen de los recursos transferidos ilegalmente anda cercana a los 20 mil millones de lempiras.

Ahora es más comprensible la situación por la cual muchas organizaciones gremiales y de la llamada sociedad civil hicieran silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobernante Juan Orlando Hernández, por el contrario, algunas organizaciones formaron parte de su estrategia de desmontaje de la institucionalidad a través de su inclusión en organismos estatales.

La corrupción hace que quienes se involucren en la misma, pierdan la sensibilidad humana. Es sorprendente que siendo el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) una institución que en su normativa tiene por objeto coadyuvar con la ejecución de la política del Estado relacionada con el bienestar físico, mental y social de la población materno infantil de acuerdo con los planes de desarrollo económico y social, se haya extraído una cantidad que anda alrededor de 355 millones de lempiras. En el gobierno anterior, no hubo institución del Estado que se liberara de la mano siniestra de la corrupción.

En el pasado, diputados fueron señalados por desviar fondos por un valor de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fondos que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de campesinos de varios departamentos del país. Hecho que fue conocido por el caso “Pandora”, mismo que fue investigado y judicializado y por el cual los responsables ya fueron sobreseídos.

Con las prácticas en materia de corrupción se compraba lealtad y complicidad con lo actuado por el gobierno. Ese hecho, además de los daños a las finanzas públicas, trastorna las relaciones de convivencia contribuye a la inestabilidad política y social. Ahí está planteada una lucha entre quienes han sido señalados por actos de corrupción y los representantes de la administración pública, los primeros han desatado una lucha de defensa de sus actuaciones dolosas, alegando, de manera infantil, que lo que se está dando es una persecución política y un afán de acallar las voces críticas hacia la gobernante.

La práctica de transferir fondos a particulares y a organismos, que habitualmente se declaran “sin fines de lucro”, debe eliminarse, si es que la presente administración busca la transparencia en el uso de recursos púbicos.

La actual gobernante, Xiomara Castro de Zelaya, no debe caer en la tentación de favorecer a sus parciales por medio de dádivas y favores personales. Teniendo presente que ella gobierna para la totalidad de los hondureños y no para una fracción de la sociedad. Se debe evitar esa percepción de amplios sectores de la sociedad que consideran que “todos los políticos son iguales”

Debe buscarse la transparencia en el uso de fondos públicos”.