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Juicios apegados a la ley

Es común y hasta popular escuchar que “ganarle un juicio al Estado de Honduras es como pegarle a un bolo” y que “x” o “y” juez se alió con los acusados o los acusadores, con los demandantes o con los demandados para inclinar la balanza de la justicia a su favor, con solo dejar de hacer una diligencia que por ley está obligado a hacer.

Esta semana, la Procuraduría General de la República (PGR) ha denunciado en el Ministerio Público a una jueza porque ha impedido y obstaculizado la defensa del Estado de Honduras en un millonario juicio en el que se favoreció a la Empresa Energía Honduras (EEH). Según la PGR, la jueza de lo civil Alina Cuadra Morales les negó la intervención en el citado juicio, “vulnerando así los derechos de mi representado y ocasionando abuso de sus facultades al negar el acceso a los tribunales (...), fraguando un inminente perjuicio al Estado y a la sociedad hondureña”.

Las denuncias contra los operadores de justicia en todos los niveles han sido permanentes sin que las autoridades a lo interno y a lo externo ejecuten lo pertinente.

El caso de la jueza Cuadra está desde hace varias semanas en manos de fiscales y funcionarios judiciales, a la espera de que actúen diligentemente, como lo mandan las leyes que ellos juraron cumplir y respetar, y que con esa acción en este caso que ha sido público, pero de los cuales seguro hay centenares más que se quedan encerrados en las paredes de los tribunales, le apliquen todo el peso de la ley, si es que resulta culpable de los delitos que le acusan, e inicien con ello una tarea de depuración de este tipo de funcionarios que con sus acciones solo ayudan a perpetuar los altos índices de injusticia e impunidad que arrastra el país desde años.

Que este precedente sea el camino de una lucha interna en contra de la corrupción, la manipulación y la impunidad, que tanto daño hacen a la sociedad y socavan la democracia

Opinión

es-hn

2021-08-05T07:00:00.0000000Z

2021-08-05T07:00:00.0000000Z

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